Diputado Víctor Giorgana, propuso proteger derechos de los periodistas y sancionar a quienes obstaculicen ejercicio de la profesión
· La libertad de prensa, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión
· En México, de 2000 a 2013, 76 periodistas han sido asesinados y 16 reportados como desaparecidos.
Para colocar a Puebla a la vanguardia en la protección de los derechos de los periodistas, y que puedan ejercer su profesión de manera libre, sin perjuicio, ni hostigamiento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, propuso proteger la libertad de expresión y sancionar a quienes obstaculicen o impidan el ejercicio periodístico.
La calidad de una democracia se mide por el tamaño de sus libertades, muy especialmente, la de expresión, agregó el legislador del Partido Revolucionario Institucional, al presentar una Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal del Estado. Con ello, continuamos humanizando el sistema jurídico poblano y protegemos la labor de los periodistas, dijo.
Las condiciones de seguridad y garantía en las que se encuentran muchos medios y comunicadores en México, hablan de la tarea pendiente, de las omisiones para garantizar el derecho Constitucional de la libre expresión, sin perjuicio del periodista a causa de amenazas, secuestro, homicidio y cualquier otro delito de los cuales son víctimas.
En ese tenor, el Legislador priista propuso que se consideren como delito, las acciones que obstaculicen, impidan o repriman la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información impreso.
Agregó que se sancionará a quien adquiera un número de ejemplares superior al diez por ciento del tiraje de la edición diaria de medios impresos de circulación en Puebla. También, a quienes usen la violencia o intimiden para evitar el ejercicio periodístico y a quien obstaculice o impida el derecho de toda persona para recibir, buscar, investigar, sistematizar, acopiar, almacenar, publicar o difundir información de hechos de interés público.
La iniciativa incluye sanciones a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo suspenda, clausure o establezca censura previa de algún medio o impida su circulación, y quienes pretendan obligar a revelar el secreto profesional periodístico.
Las penas, van de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo y si fuere servidor público, se inicia procedimiento de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.
Expuso que según el informe del primero de mayo del 2014 que presentó Freedom House, una organización no gubernamental independiente con sede en Washington, DC, la cual tiene como principal labor conducir investigaciones y promocionar la democracia, la libertad política y los derechos humanos, se desprende que:
En México, de 2000 a 2013, 76 periodistas han sido asesinados y 16 reportados como desaparecidos. A septiembre de 2013, se registraron 225 incidentes de agresiones contra periodistas y/o trabajadores de medios e instalaciones de medios de comunicación, cifra superior a los 207 atentados perpetrados en 2012 y los 172 del 2011 y, en lo general, el nivel de las amenazas y ataques, se incrementó.
Las condiciones de seguridad y garantía en las que se encuentran muchos medios y comunicadores en México, hablan de la tarea pendiente, de las omisiones para garantizar el derecho Constitucional de la libre expresión, sin perjuicio del periodista a causa de amenazas, secuestro, homicidio y cualquier otro delito de los cuales son víctimas.
En ese tenor, el Legislador priista propuso que se consideren como delito, las acciones que obstaculicen, impidan o repriman la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información impreso.
Agregó que se sancionará a quien adquiera un número de ejemplares superior al diez por ciento del tiraje de la edición diaria de medios impresos de circulación en Puebla. También, a quienes usen la violencia o intimiden para evitar el ejercicio periodístico y a quien obstaculice o impida el derecho de toda persona para recibir, buscar, investigar, sistematizar, acopiar, almacenar, publicar o difundir información de hechos de interés público.
La iniciativa incluye sanciones a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo suspenda, clausure o establezca censura previa de algún medio o impida su circulación, y quienes pretendan obligar a revelar el secreto profesional periodístico.
Las penas, van de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo y si fuere servidor público, se inicia procedimiento de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.
Expuso que según el informe del primero de mayo del 2014 que presentó Freedom House, una organización no gubernamental independiente con sede en Washington, DC, la cual tiene como principal labor conducir investigaciones y promocionar la democracia, la libertad política y los derechos humanos, se desprende que:
En México, de 2000 a 2013, 76 periodistas han sido asesinados y 16 reportados como desaparecidos. A septiembre de 2013, se registraron 225 incidentes de agresiones contra periodistas y/o trabajadores de medios e instalaciones de medios de comunicación, cifra superior a los 207 atentados perpetrados en 2012 y los 172 del 2011 y, en lo general, el nivel de las amenazas y ataques, se incrementó.
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