En el entendido de que el derecho a la información es parte de las libertades fundamentales de las personas, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, a través de su Secretaría de Derechos Humanos y Sociales, expresa su preocupación ante la opacidad que ha caracterizado al gobierno de Rafael Moreno Valle y su postura de obstaculizar el libre acceso a la información pública.
Si bien en la plataforma programática de la Coalición Compromiso por Puebla en 2010, se reconoció un presunto compromiso con el derecho a la información y la transparencia (1), en la práctica el gobierno de Moreno Valle se ha mostrado como un enemigo de las mismas.
Esta voluntad anti-transparencia se muestra en aspectos como el establecimiento de “candados” y vetos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado. Candados como el que obliga a aquellas personas que soliciten información y esta se les sea negada o falseada, a acudir ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos (CAIP) quien actúa bajo el principio del “recurso de revisión”. Este recurso ha significado en la práctica que tan sólo en 2012 el 20% de los recursos que se presentaron se desecharan por “falta de ratificación”. De igual manera, en el artículo siete de la Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2012 se establece que “En la consulta directa, los particulares podrán portar materiales de escritura propios, pero no cámaras fotográficas o similares, escáneres y otros aparatos o dispositivos análogos de reproducción”.
Esta situación se traduce en que para poder disponer de reproducciones del material se deben pagar dos pesos por copia simple de cada documento; una medida que atenta en contra del libre derecho a la información de los ciudadanos. Otra forma de veto es entregar la información solicitada en una cita personal en oficinas de gobierno, con el objetivo de inhibir la solicitud de información pública, en tanto que al obligar a los interesados a hacerse presente en las oficinas públicas se presenta la posibilidad de negarles consistentemente la entrega del material solicitado.
Una muestra más de esta situación es la elección de Federico González Magaña, quien fuera asesor de Moreno Valle durante la elección de 2010, como comisionado de la CAIP. Esta designación ya ha provocado que se hayan desechado 21 recursos de revisión por negativas a entregar información sobre los despedidos de las dependencias estatales en este sexenio.
Por otro lado, el gobierno de Moreno Valle ha sido renuente a cumplir con su obligación de ser transparente e informar detalladamente sobre el ejercicio de recursos y los detalles sobre las principales obras de su administración. El gobierno del Estado ha decidido clasificar y resguardar la información vinculada con los principales proyectos que ha desarrollado y que todavía se encuentra ejecutando, como ejemplos de esto:
Reservar el costo, proyecto técnico, licencias, estudio de impacto ambiental, licitación y nombre de la empresa constructora encargada del hoy detenido proyecto del Teleférico de Puebla.
Reservar la información vinculada con la construcción y operación del Centro Integral de Servicios (CIS), que implica para este Estado una deuda de 3 mil 800 millones de pesos.
Guardar la información relacionada con la suntuosa colocación de una “mega rueda” en el Paseo Bravo.
Huelga decir que el ejercicio de una gran cantidad de recursos públicos en estas obras y la irresponsabilidad en cuanto al rendimiento de cuentas, han despertado la protesta y el cuestionamiento de un sector importante de la sociedad civil en el Estado; más aún cuando el hecho de reservarse esta información de interés público contraviene a lo establecido en la artículo 6 de la Constitución de la República.
Por si fuera poco, y en voz de la propia Auditoria Superior de la Federación, este gobierno dejó de atender a población en condiciones de pobreza extrema y desamparo, a los cuales correspondían un presupuesto de 172 millones 420 mil pesos del fondo de Aportaciones Múltiples, asociados específicamente a los programas de Seguro Popular y para la Educación Básica y Normal (E-Consulta). En consecuencia esta institución solicitó el reembolso de 927 mdp por anomalías en el gasto de recursos federales, cifra que rebasa los 785 millones que esta entidad reembolsó entre 2001 y 2010, además de solicitar el inicio de procedimientos para determinar posibles responsabilidades de administradores y servidores públicos (E-consulta, El Heraldo, Puebla sin Fronteras).
Es por todas estas razones que reiteramos: el gobierno de Moreno Valle es fuertemente opaco y renuente a cumplir con su deber de dar transparencia a su gobierno y administración. El ejercicio de gasto público en este gobierno ha correspondido más con la suntuosidad y la obtención de reflectores mediáticos para provecho personal que para representar verdaderos bienes públicos a la sociedad poblana.
(1) (http://www.ieepuebla.org.mx/archivos/pp/plataforma/PlataformaElectoralPuebla_2010_COMPROMISOxPUEBLA.pdf).
No hay comentarios:
Publicar un comentario