Valentina Rosendo denunciará en Europa impunidad militar en México

Difusión Cencos México D.F., 26 de mayo de 2011

AI México / Tlachinollan / PBI

· Inicia gira que incluirá reuniones de incidencia en Alemania, Francia, España e Inglaterra.

· El incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana al continuar las investigaciones en el fuero militar, tema central.

Tlachinollan comienza campaña para demandar al Presidente Felipe Calderón que los expedientes pasen del ámbito militar a la PGR.

Valentina Rosendo Cantú comienza hoy una gira de 18 días por cuatro países europeos -Alemania, Francia, España y Reino Unido, en coordinación con Amnistía Internacional, Brigadas de Paz Internacional [PBI] y Tlachinollan- dónde presentará ante la comunidad internacional el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el mes de octubre del 2010.

Cabe recordar que los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas me’phaa violadas y torturadas por miembros de las fuerzas armadas, en distintas circunstancias, en el año 2002, en el estado de Guerrero, fueron resueltos por la CoIDH, la cual emitió dos sentencias condenatorias al Estado mexicano. 

Ambas sentencias tocan puntos centrales respecto de la actual situación de los derechos humanos en México, relacionados con la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; la falta de acceso a servicio de salud para las mujeres indígenas, la violencia y discriminación que enfrentan las mujeres indígenas frente al sistema de administración y procuración de justicia, el incremento de los riesgos que se ciernen sobre las  organizaciones y víctimas al denunciar violaciones de derechos humanos, así como los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Asimismo, uno de los elementos centrales de ambas sentencias es la orden al Estado mexicano de llevar a cabo una investigación que debe ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria (es decir, civil), con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas. A pesar de lo anterior, a la fecha, ambas investigaciones continúan en el fuero militar, en abierto desacato a lo establecido por la propia Corte, según la cual la Jurisdicción Militar no es competente para conocer casos de violaciones de derecho humanos cometidas por miembros del Ejército.