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A su paso por Puebla fue detenido y amedrentado por policías municipales del gobierno panista de Eduardo Rivera.
El religioso fue detenido y encañonado por policías federales luego de acudir a la Fiscalía para saber de la investigación de tres migrantes asesinados.
Ante la falta de garantías el sacerdote salió del país.
Con información de CENCOS CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las recientes amenazas de muerte que forzaron la salida temporal del Padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos humanos de los migrantes en México, quien es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 23 de abril de 2010, pero que no fue protegido en forma efectiva por el Estado.
La información disponible indica que el Padre Solalinde, coordinador de la Pastoral Social de la Movilidad Humana de Tehuantepec, Oaxaca y fundador del Albergue del Migrante Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, recibió seis amenazas de muerte en los dos últimos meses por sus labores relativas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México. El 16 de mayo de 2012, el Padre Solalinde salió de México con el objeto de resguardar su vida e integridad y mientras se esclarecen sus condiciones de seguridad.
En 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad del Padre Alejandro Solalinde, David Álvarez, Areli Palomo, Mario Calderón, Norma Araceli Doblado y quienes trabajan o se encuentran en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino, tras haber sido objeto de actos de intimidación, y que en febrero de 2010, el Padre Solalinde habría sido detenido y encañonado por policías federales al concurrir a la Fiscalía del Estado de Oaxaca en el contexto de investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes.
La Comisión Interamericana considera de suma gravedad que el Estado de México no haya adoptado medidas de protección efectivas para prevenir que el Padre Solalinde se viese forzado a salir del país, sobretodo, teniendo en cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas por la CIDH y las amenazas y hostigamientos que le afectan a él y al personal que trabaja en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino. La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio estas amenazas y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En este sentido, la CIDH urge al Estado a adoptar de forma inmediata medidas efectivas de protección a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los beneficiarios de estas medidas cautelares, así como de los migrantes en tránsito por México que se encuentran en una situación de riesgo. Asimismo, la CIDH urge al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para que el Padre Alejandro Solalinde pueda regresar al país y continuar desarrollando sus tareas de defensa de los derechos de los migrantes de manera segura.
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