Destitución inmediata de titulares de Seguridad Pública y Procuraduría exige grupo legislativo del PRI.
·Anuncian que si el gobernador no atiende recomendaciones de la CNDH, solicitarán inicio de procedimiento de determinación de responsabilidades de los servidores públicos.
Un enérgico llamado para encontrar la reconciliación social de los poblanos, hizo el Grupo Legislativo del PRI al Ejecutivo del Estado, al tiempo que le exigió la remoción inmediata del Secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas y del Procurador de Justicia Víctor Carranca Bourguet, tras conocer el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan.
El gobernador Rafael Moreno Valle está obligado a replantear su estrategia de atención a las manifestaciones e inconformidades sociales, para dar paso a una etapa de respeto, diálogo, tolerancia, negociación y reconciliación social, insistieron los diputados priistas.
Y anunciaron que en caso de que el Ejecutivo no atienda las recomendaciones de la CNDH, solicitarán el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades de los servidores públicos en contra de Rosas Rosas y Carrancá Bourguet.
La familia afectada, debe recibir la reparación del daño, tal como lo determina la CNDH pero deben agregarse los elementos de urgencia y dignidad.
En relación a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, el GL priista consideró que no se debe abrogar. En todo caso, mejorar su contenido especialmente en sus apartados de sanciones.
Tal es el caso de lo sucedido con en caso Chalchihuapan, donde se actuó “con el uso indebido y negligente de la fuerza pública”, de acuerdo con el informe presentado por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Los diputados priistas apoyaron la recomendación de la CNDH en el sentido de que el gobernador del Estado emita una disculpa institucional a la familia Tehuatlie Tamayo.
El grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, reitera su postura de dar estricto cumplimiento al marco de derecho al que deben regirse los ciudadanos sin excepción alguna, sin importar su cargo público.
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